Las diputadas federales del PRI, Montserrat Arcos, Ana Lilia Herrera, Adriana Campos, Melissa Vargas y Jaqueline Hinojosa, propusieron que los ataques con ácido contra mujeres se castiguen como intento de feminicidio.

Argumentaron que actualmente este tipo de agresiones se persiguen como delito homicida, y eso minimiza el odio de los atacantes hacia a las víctimas.


Te sugerimos: Ataques con ácido serán considerados violencia física contra mujeres; Senado aprueba tipificarlos


Los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas, indicaron, se pueden equiparar en menor medida a un feminicidio en grado de tentativa, tanto por la motivación, los bienes jurídicos afectados, la publicidad de los casos y la evidente misoginia en este tipo de violencia extrema.

Con la iniciativa, se reformaría al artículo 325 del Código Penal Federal en materia de violencia ácida y feminicidio, tomando en cuenta la naturaleza jurídica del feminicidio, diferente a la del homicidio, al involucrarse la misoginia y el odio hacia las mujeres.


Te sugerimos: Sismo de 5.1 despierta a la CDMX, Guerrero y Michoacán; Edomex siguió durmiendo ‘tranquilamente’


Las legisladoras consideraron que la intención de infligir una violencia extrema a través del sufrimiento, que puede tener como consecuencia la muerte, también afecta otros bienes jurídicos considerados dentro del delito de feminicidio, como lo son la dignidad, la integridad corporal y el derecho a una vida libre de violencia.

También propusieron proteger a las personas que sufrieron lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, donde se hayan utilizado sustancias corrosivas, abrasivas o cualquier otra que provoque una lesión visible y permanente en el cuerpo.

En el caso de los servidores públicos que entorpezcan o retarden la procuración de justicia, que nieguen o dilaten sin justificación el otorgamiento de medidas de protección a las víctimas de feminicidio que lo hayan solicitado, se les sancionaría con una pena de prisión de tres a ocho años y se les inhabilitaría de tres a diez años para desempeñar otro cargo público.

ARM

Temas: