El 18 de diciembre de 2018 se presentaron las primeras tres iniciativas de reforma al Código Penal, para tipificar la distribución no autorizada de imágenes o videos de contenido sexual (tema que fue popularmente conocido como la “Ley Olimpia”). La primera de estas tres iniciativas la presenté yo, con el acompañamiento de las diputadas Dip. Paula Soto y Alessandra Rojo de la Vega; la segunda, el Dip. Nazario Norberto; y la tercera, el Dip. Miguel Ángel Salazar Y no fue sino hasta un año después, el 3 de diciembre de 2019, cuando la mayoría de Morena se “dignó” a aprobar esta reforma.

¿Y por qué la mayoría de Morena se tardó casi un año en aprobar un asunto que era ya urgente para evitar más casos de violencia contra las mujeres? Primero, habría que decir que entre febrero y marzo de 2019, diputadas y diputados de diferentes partidos presentaron siete iniciativas más sobre el mismo tema, y ni eso le hizo a Morena entrar en razón de la urgencia de legislar sobre el asunto. Lo que hizo que el grupo en el poder entendiera que no tenía otra opción más que entrarle al tema, fueron las protestas de los movimientos feministas en contra del Gobierno de la CDMX y su inacción ante la ola de hechos delictivos perpetrados contra mujeres.

En efecto, durante el 2019, los medios de comunicación registraron cientos de delitos cometidos en la capital en contra de mujeres, mientras el gobierno insistía en que no era necesaria la alerta de género. La gota que derramó el vaso fue una manifestación en agosto de aquel año, luego de que cuatro policías violaran a una mujer en Azcapotzalco. Las manifestantes arrojaron diamantina al entonces Secretario de Seguridad, y hoy prófugo de la justicia, Jesús Orta, y el escándalo mediático fue tal, que el gobierno de Morena se vio obligado a tomar algunas medidas.

Así, en septiembre de 2019, y como si las iniciativas de los otros partidos nunca se hubieran presentado, el Grupo Parlamentario de Morena, en voz de José Luis Rodríguez, propuso su iniciativa de la “ley Olimpia”. ¿Cuántas agresiones a mujeres, cuyas parejas compartieron imágenes o videos de ellas sin su consentimiento, se hubieran castigado penalmente si Morena no hubiere actuado de manera mezquina, y hubiere aprobado de inmediato la “ley Olimpia” una vez que se presentaron las primeras iniciativas? Pero Morena y el gobierno prefirieron posponer un año la penalización de esta conducta de violencia contra las mujeres por el simple hecho de que no era un tema que estuviera en su agenda, porque no lo entendían, o porque, en su cálculo político, no lo consideraron importante.

En la torpe visión de Morena, el tema de la violencia contra las mujeres no era más que un discurso de la oposición para golpear políticamente al grupo en el poder, y por eso, durante su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum negó una y otra vez que fuese necesario la alerta de género. Las prioridades de la ciudadanía sólo son prioridades de Morena y su gobierno, cuando creen que le pueden sacar raja política, no antes.

Traigo a colación lo anterior, porque algo similar está pasando con el tema de las sanciones por agresiones con ácido a mujeres. Todos sabemos que se trata de un problema lacerante, muy doloroso para la sociedad, pero fundamentalmente para las víctimas. En noviembre de 2019 el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal (propuesta, respectivamente, por Paula Soto, Alessandra Rojo de la Vega y Ricardo Fuentes) para sancionar, hasta con doce años de cárcel, a quien atacara con ácido a una persona (“cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones”, reza la redacción del artículo 131 del referido Código).

Así que desde hace más de tres años en la CDMX el problema no está en que no exista el tipo penal, sino en la inaplicación de la ley, o que, a través de la ley, se eviten las circunstancias que puedan provocar la comisión del delito. Sobre esto último, en noviembre de 2021 propuse una iniciativa para que los establecimientos mercantiles donde se expendan aquellos tipos de ácidos que son utilizados para la agresión a mujeres (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico e hidróxido de sodio, en solución acuosa y en escamas, así como sus derivados) estén obligados a contar con la constancia de aviso de su venta, y mantener un registro de las personas que adquieran estos productos. Esta propuesta evitaría que tales sustancias lleguen con facilidad a los agresores, y sea más fácil identificar a los perpetradores de tales delitos. Pero a más de un año de su presentación, la mayoría de Morena sigue sin dictaminar esta iniciativa.

Pues bien, hace algunos días, el 31 de enero, y como es su costumbre, Morena quiso sacar raja política de una lamentable situación que ha sido muy mediática: el caso de María Elena Ríos, víctima de agresión con ácido por parte de su pareja, hecho suscitado en Oaxaca. Así que las diputadas de Morena llevaron a María Elena al Congreso de la CDMX para la presentación de una iniciativa sobre este tema.

Morena pretende hacer creer que no existe la sanción penal por ataques con ácido. Sí, existe desde hace más de tres años, pero el problema es la incapacidad de la Fiscalía de la Ciudad para proceder en contra de los atacantes. Y esto no lo digo yo, lo dijeron otras dos mujeres capitalinas que también estuvieron en el Congreso local y que también han sido víctimas de ataques con ácido, no en Oaxaca, sino en la CDMX, sin que la Fiscalía capitalina avance un centímetro en las investigaciones. Estas mujeres fueron María Elena Saldaña, quien calificó de “ocurrencia” una iniciativa que se presentaba “con soberbia y oportunismo”, y agregó que el problema es que “la justicia en esta ciudad es inalcanzable”, y por eso tuvo que huir del país, para alejarse de su agresor.

La otra víctima que habló en el Congreso de la CDMX fue Elisa Xolalpa, quien dijo que su carpeta de investigación está desaparecida, y la Fiscalía ni siquiera tiene el valor de aceptarlo. Acusó a la Comisión Ejecutiva de Víctimas de no atenderla por no ser una mujer blanca, y remató diciendo: “el problema no es el ácido, el problema es el Estado que no nos garantiza nuestra seguridad, que no nos garantiza que vivamos una vida libre de violencia”.

El problema no es que Morena presente propuestas encaminadas a hacer efectivos los castigos a quienes agreden a las mujeres, sino que no le exijan al Gobierno de la CDMX y a la Fiscalía que apliquen las leyes que ya existen. Y si Morena va a revisar las iniciativas en este tema, espero que también se revise mi propuesta de noviembre de 2021. Las víctimas exigen justicia, no propuestas que sólo busquen beneficiar políticamente al grupo en el poder.