El tema de la inseguridad y el crimen organizado han sido junto con el crecimiento económico, los dos principales temas de la agenda y oferta política desde el Gobierno de Felipe Calderón. La descomposición social y el desbordamiento de la violencia del crimen organizado sacudió al presidente electo, ante el surgimiento inédito de los decapitados y descuartizados de manera masiva, flagrante y como reto al Estado mexicano.

Ante la incertidumbre de la crisis postelectoral y la especulación sobre la capacidad de Calderón de rendir protesta como Presidente, los cárteles decidieron ampliar sus horizontes de influencia y recrudecer al país con mayor violencia, ante un Gobierno saliente con una crisis política y uno entrante con una legitimidad menguada. Pero desde esa fecha hasta hoy la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública han sido motivo de amplios debates.

Fue por lo que Calderón, sin haberlo ofertado como candidato, decidió involucrar a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico ante la infiltración y cooptación generalizada del crimen organizado en las policías estatales y municipales con el decreto del 9 de mayo de 2007, de tan sólo 6 artículos, por el que se creó “El Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Área denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”, el cual dependía “técnica, operativa y administrativamente de la Sedena

En él estableció 90 días para la transición de los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para su funcionamiento dando así inicio a su “guerra” contra el narcotráfico, sin un sustento constitucional claro y una regulación específica, dada la situación de emergencia del momento.

La oposición, incluido por supuesto AMLO, criticó la estrategia y le atribuyeron a la misma y la intervención de las fuerzas armadas la escalada de violencia y de homicidios dolosos, en un papel propio de oposición irresponsable, pensando más en la raja política que en ser parte de la solución y apoyar a legislar sobre la materia, dado que el PAN jamás tuvo mayoría para aprobar una legislación solo como partido en el Gobierno.

Después EPN prometió una estrategia que garantizará los derechos humanos, redujera los homicidios dolosos y reforzará la vertiente civil de la seguridad pública, pasando de una “guerra abierta” contra los cárteles a reforzar las labores de inteligencia, fortalecer capacidades de las instituciones policiales e impulsar los instrumentos jurídicos que fortalecieran el sustento legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de defensa exterior y seguridad interior.

Fue por ello que el 21 de diciembre de 2017 se aprobó la Ley de Seguridad Interior de sólo 34 artículos propuesta por Peña Nieto, en la cual ante una declaratoria de amenaza de seguridad interior por sí mismo, o a petición del titular del ejecutivo estatal o del congreso local podrían intervenir. Destaca de esa legislación que la protesta social jamás podría ser consideras una amenaza y que deberían rendir informes anuales a la Comisión Bicamaral de seguridad nacional del Congreso de la Unión, ambos conceptos que NO existen en la ley vigente de la Guardia Nacional de AMLO.

A pesar de ello ante las fuertes críticas de AMLO y otros opositores a la militarización del país y en defensa de los derechos humanos, la ley fue atacada ante la SCJN, que habría después de declararla inconstitucional. Por ello, a diferencia del indolente de AMLO, el presidente Peña Nieto señalo una vez promulgada la ley y antes de saber la resolución de la suprema corte: “Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible, para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad” durante la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Después en el evangelio de la narcopolítica y los abrazos de AMLO, ofreció “meter al ejército a los cuarteles” y su primer decisión fue actualizar el concepto de la guardia nacional en la constitución, haciendo de una guardia civil castrense para situaciones de emergencia, la opción del sustento constitucional de la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad nacional, pero con un mando civil, tal y como la oposición y la sociedad lo exigimos para aprobarla el 21 febrero 2019  reforma constitucional por unanimidad en senado y con 1 sólo voto en contra en diputados.

Posteriormente tras el nombramiento de Luis Rodríguez Bucio, un militar “en proceso de retiro” el 5 de abril de 2019, fue aprobada la Ley de la Guardia Nacional el 21 de mayo 2019 con 105 artículos, definiéndola como la “Institución de Seguridad Pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, teniendo como objeto “la función de seguridad pública a cargo de la federación”, cuyo informe se remite anualmente al Senado, pero NO a la Comisión Bicamaral de seguridad nacional, lo cual es un grave retroceso de opacidad y falta de fiscalización.

El artículo TERCERO transitorio representa un enorme valladar para garantizar la naturaleza civil de la institución pues establece que “por única ocasión en tanto no exista personal propio de la guardia con la jerarquía que la ley obliga” como es tener mínimo 30 años de experiencia ya sea en Policía Federal, Policía Naval o Policía Militar y mínimo 50 años de edad” se nombrarán por excepción cuadros que no cumplan con esos requisitos por su reciente creación, podrán ser nombrados titulares de alguna coordinación por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a propuesta del Comandante de la Guardia Nacional, como un régimen transitorio de formación de cuadros propios y no de fuerzas armadas.

Los amplios consensos de esa legislación dieron eco al clamor por desmilitarizar el combate al narcotráfico, fortalecer las tareas civiles de policías estatales y municipales y un estricto marco que evite abusos a los derechos humanos de los mexicanos por integrantes de las fuerzas armadas. La necesidad de regular su actuación había sido un reclamo de las propias fuerzas armadas tras la creación por Fox en 2002 de la “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” para investigar la participación del Ejército en los hechos del 68 en Tlatelolco y el Halconazo en 1971.

Por ello desde la decisión de Calderón, exigieron para poder actuar un marco jurídico que les diera certeza ante una investigación en materia de derechos humanos en fechas posteriores, y con el anuncio de AMLO de volver a inicio incorporando vía un decreto, igualito a Calderón, sin el marco legal como el que intentó Peña, y sin respetar el que por consenso los mexicanos nos dimos, regresamos a la nada y ponemos en riesgo la militarización del país y todo su actuar pues todas sus detenciones, cateos, inspecciones, intervenciones a comunicaciones, entrevistas y demás actos de investigación serían nulos de pleno derecho.