El Presidente López Obrador ha visitado Badiraguato por lo menos cinco veces en su Gobierno. Nunca un presidente había visitado tantas veces un lugar que todos en México asociamos con el narcotráfico, ni hay otro lugar que le haya interesado tanto a este presidente.
Estos asiduos viajes a Sinaloa, sugieren que es cierto lo confesado por el excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino: hay complicidad entre el crimen organizado y el Gobierno de Morena. ¿Qué otra cosa podría ser? No hay obras importantes, no hay una coyuntura crítica, solo hay jefes de plaza.
No es la primera vez que sale a la luz pública que el gobierno pacta con el crimen organizado.
Necesitamos saber qué ofreció el gobierno a los delincuentes, o qué le ofreció el crimen organizado al gobierno a cambio de impunidad, porque no hay pacificación, pero sí hay una operación electoral. Será que el cambio fue la sangre de los mexicanos a cambio de triunfos para Morena. Porque es claro que existe un pacto con los delincuentes y que estamos ante la claudicación del gobierno frente a ellos.
A casi cuatro años de Gobierno, no hay una estrategia de combate a la delincuencia, ya que el presidente López Obrador ha privilegiado darle impunidad a los delincuentes y desproteger al pueblo de México.
Lamentablemente estamos ante un narcoestado, donde se abraza a los delincuentes en lugar de perseguirlos y sancionarlos. El resultado son más de 135 mil personas asesinadas y más de 36 mil desaparecidos en nuestro país.
Y según las Estadísticas de Defunciones registradas en 2021 por el INEGI, los asesinatos son la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años de edad en nuestro país.
El mensaje que hoy se les da desde el Gobierno federal a las víctimas es desesperanzador. No habrá verdad ni justicia para ellas, porque los servidores públicos de Morena han decidido pactar con el crimen organizado.
